martes, 20 de febrero de 2018

Caprichos constituyentes







La Constitución de 1991 tuvo génesis diversas y saludables para el nivel promedio de nuestra política. Primero el acuerdo de paz con el M-19 que dejaba nuevas circunstancias en medio de un escenario marcado más por las esperanzas comunes que por la discordia y la desconfianza. Segundo un bloqueo institucional dado por una constitución que había envejecido mal luego de más de un siglo de trajines y desencantos. Y por último, un espontáneo entusiasmo ciudadano, sin un poder que lo guiara desde arriba en su convocatoria y lo manipulara desde abajo en sus sesiones. Su conformación plural como nunca en la historia de nuestros cuerpos colegiados y sus discusiones lejanas a las garroteras fueron la prueba del clima benéfico del momento.
Hoy en día el ambiente es algo distinto. Tenemos un Estado más fuerte, unos indicadores de violencia bastante menores a los de entonces, unas indiscutibles mejorías sociales y unas amenazas armadas que no encarnan el inmenso poder de los carteles mafiosos de la época. Y sin embargo vivimos un clima de crispación política, de frustraciones ciudadanas, de sectarismos y miedos que han convertido el ejercicio electoral en un juego agresivo y riesgoso. El desarme de las FARC dejó grandes divisiones en la sociedad que alguna vez rechazó sus acciones de forma casi unánime. Las diferencias sobre los métodos posibles para acabar un conflicto anacrónico e inútil fueron suficientes para desatar un peligroso combate político. Por hoy se le presta igual atención a las rechiflas y los saboteos de plaza pública que a la voz de los candidatos.
En medio de esa campaña sorprende que dos candidatos presidenciales que fueron protagonistas de la Constitución del 91 propongan una constituyente para reformarla. Gustavo Petro dice que el primer día de gobierno convocará un plebiscito para preguntarle al pueblo si quiere convocar a una Asamblea Constituyente. Sabe de nuestro fetichismo legal y del entusiasmo que genera un cambio de reglas entre quienes están aburridos en el juego. Petro sufre lo que se podría llamar el síndrome del legislador. Y dice además que su constituyente sería limitada. Solo quiere cambiar la educación, la salud, la justicia, el sistema pensional, la política y el sistema productivo. Hasta el clima quiere cambiar para salvar el mundo del calentamiento global, pero al menos promete dejar intacto el IDEAM. Las garantías constitucionales funcionaron contra las arbitrariedades que intentaron sacarlo de la alcaldía de Bogotá, pero hoy insiste en los cambios. Es llamativo que un antiguo militante del M-19 desprecie de algún modo el pacto social del 91, y más llamativo que en medio de sus llamados a crear una nueva constitución invoque sobre todo el fracaso del Frente Nacional. Petro se salta un periodo de la historia en el que participó activamente. Su idea entonces es meternos en una elección inmediata si gana, un nuevo pulso de Sí o No, luego en una nueva elección de constituyentes y al final en una larga deliberación sobre las nuevas reglas de juego. Será un gobierno electoral y legislativo de cuatro años, en caso de que no se decida algo sobre los periodos presidenciales.
Humberto de la Calle también sorprende con un llamado a una constituyente. Quiere repetir su ejercicio 27 años después. Corregir lo que quedó incompleto o mal redactado. Sus ambiciones son menores, dice que solo quiere reformar la justicia. Coincide con Petro en que el Congreso es incapaz de reformas efectivas, para ellos fallan los hombres elegidos en el Congreso pero los más votados en la constituyente serán visionarios y virtuosos.

De otro lado también Piedad Córdoba e Iván Duque proponen acudir a una Asamblea Constituyente. Entre nosotros la posibilidad de un cambio en las letras más pomposas puede alinear a los contradictores acérrimos. Les aseguro que si se impone la idea no lograremos un justo medio ni una mejor letra. 


martes, 13 de febrero de 2018

Crimen uniforme






Medellín es una plaza interesante para ejercer. Con algunos límites borrosos, con oportunidades y silencios en cada esquina, con rondas conjuntas entre uniformados y civiles, y buenas costumbres para convivir. Algunos policías pagan por venir a trabajar a la ciudad. Las rentas criminales son amplias y siempre es posible conseguir un ajuste al salario por trabajos esporádicos como independiente. Por algo las patrullas voltean por donde toca, vigilan por donde no duele y tranzan por donde conviene. Raspar la olla y cuidar la plaza son parte de las funciones de cada día en la ciudad. Y los grandes golpes muchas veces se dan luego de un cambio de compinche. Desde el aire el helicóptero policial apunta su luz contra las calles con algo de cinismo, levantando polvo y soltando advertencias.
Pero no son solo los policías. El ejemplo viene desde arriba. Todavía no se olvidan las hazañas de Guillermo León Valencia Cossio al frente de la dirección de fiscalías de Medellín. Era un trabajo sencillo, solo necesitaba un borrador y una amplia gaveta. Tapó las vueltas de El Indio y guardó las carpetas de Chupeta. Simples descuidos entre tanto papeleo que le dejaron condenas en la Corte Suprema.
Ahora aparece la condena contra Gustavo Villegas. El año pasado al momento de la captura la Fiscalía habló de “acuerdos siniestros” con un sector de La Oficina. En ocasiones el helicóptero no logra los resultados esperados y las patrullas se ocupan de vueltas menores y toca llamar a los que son. Eso hacía Villegas. Le marcaba a Julio Perdomo, hombre de confianza de Don Berna, desmovilizado del Cacique Nutibara en 2003 y convertido en líder cívico de la Comuna 8 como por arte de mafia. Siete años después de su desmovilización ya estaba pagando cárcel por concierto para delinquir, desplazamiento forzado, extorsión y constreñimiento ilegal. Salió pronto y se convirtió en el “policía malo” del exsecretario de seguridad. Tal vez la falta de confianza en la policía lo obligaba a recurrir a Perdomo, un viejo conocido con el alias de El Viejo. Perdomo le ayudaba a Villegas a resolver pronto los afanes del alcalde por capturar fleteros, encontrar carros, tranquilizar cuadras. Era una vía expedita.
A finales de noviembre del año pasado fue capturado en Medellín el Mayor Héctor Fabio Murillo, jefe del Modelo Nacional de Cuadrantes de la policía. Según la fiscalía el Mayor era una especie de guardaespaldas de alias Inglaterra, uno de los duros del Clan del Golfo abatido hace tres meses en Chinácota. Murillo, en su tiempo libre, le abrió el camino en su último desplazamiento hasta Norte de Santander. Levantando retenes y abriendo trocha. Era además quien le conseguía las armas y aleccionaba a los policías que se ponían estrictos con sus cruces.
La más reciente historia es la de Lindolfo. Quien era capo y miembro de la Red de Aliados para la Prosperidad de la Policía Nacional. Un ciudadano preocupado y a la vez con cobrador de La Oficina. Su papel en la farándula lo hacía adicto a las cámaras de todo tipo. Tenía radio para contacto directo con la policía y acceso a sus cámaras de seguridad. Ordenaba un asesinato y luego revisaba los videos de la policía para comprobar que no hubiera mucho mugre.
Por aquí se habla de fronteras invisibles en los barrios, de territorios copados por bandas que no pueden cruzar los ciudadanos sin autorización. Cada día se trazan y crecen otras fronteras invisibles, puntos de contacto imperceptibles, barreras porosas entre los pillos y los encargados de purgas sus vueltas.




martes, 6 de febrero de 2018

Reseña de tribuna





El camino hasta las tribunas es tortuoso, marcado por los absurdos y los recovecos. Son tres anillos de seguridad casi imposibles de franquear. El primero impuesto por una ley de 2009 que se encargó, sobre todo, de crear unas comisiones de “seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol”. Algo así como filar diversas entidades para que se encarguen de filar a los aficionados alrededor de los estadios. Las palabras comodidad y convivencia hacen parte, por supuesto, de un simple tic parlamentario, todas las leyes deben incluirlas en algún renglón. La ley la firman Uribe como presidente, Santos como ministro de defensa y Hernán Andrade como presidente del Congreso. Una terna arbitral que no da garantías. Entre los tres no completan 90 minutos de fútbol colombiano en la tribuna, y jamás han pasado una requisa. Pero la ley no se podía quedar solo en una lista de comisiones, de modo que suelta dos únicas disposiciones de fondo para erradicar la violencia en los estadios: control de alcoholemia y uso de estupefacientes en los alrededores y orientación en valores y principios para los integrantes de las barras. Buena combinación: firmes y tiernos.
De la ley pasamos al segundo anillo. Un decreto de mediados de 2010 firmado por Fabio Valencia Cossio como cuarto árbitro. Y uno comienza a intuir que el partido terminará mal. El decreto convierte poco a poco a los estadios en cárceles, a la Dimayor en el Inpec y al partido del domingo en una sufrida visita conyugal. Es un decreto corto, con apenas cinco artículos, pero tiene como anexo un tercer anillo de seguridad que es la mejor muestra de la histeria regulatoria, el desconocimiento del fútbol local como espectáculo y la arrogancia del portero recién colocado. Protocolo llama el decreto al largo anexo de 120 páginas de reglas para organizar de la mejor manera un disturbio. Es normal que los decretos malinterpreten una ley que malinterpretó la realidad, pero aquí de verdad se lucieron. Por ejemplo, se dice que las tribunas populares deben tener una malla de 25 metros de altura que las separe de la cancha. En algún momento se debió caer la propuesta de ‘Pacho’ Santos para que la malla fuera electrificada. Bueno contarles que en Medellín, por ejemplo, desde 2011 no hay mallas que separen las tribunas entre sí ni las tribunas de la cancha. Y se logró trabajando con las barras, con control interno de hinchas, integrando y no encerrando. Dice además que menores de 14 años no pueden entrar a tribunas populares. Lo que condenaría a muchos niños a conocer el estadio pasado octavo o noveno grado. Una estupidez que habría acabado con buena parte de la infancia de millones de colombianos. Les cuento que mi hija fue a la tribuna popular por primera vez a los seis años y no la mordió el lobo. Pide también enlace con base de datos de la policía en las entradas y circuito cerrado de vigilancia en los estadios, y reseña la obligatoriedad de entregar número de cédula, teléfono y dirección al comprar la boleta. Todo tiene plazo de implementación a Julio de 2012. Y todo, infinitas gracias a la decidia ambiente, se quedó en protocolo y discurso frente a madres asustadas.

Solo una mínima porción de lo escrito se está comenzando a cumplir. No las obligaciones adquiridas por el Estado. Solo una obligación delegada a Dimayor, y aquí el decreto y su protocolo ya no se malinterpretan sino que se tuercen. Llega el negocio. Un artículo dice que la Dimayor, por su conocimiento y control, deberá promover un sistema de registro de los miembros de las barras. La Dimayor no piensa en los abonos como medio idóneo donde está la información de la gran mayoría de los barristas sino que amplía el registro a todo el que quiera ir a fútbol y le entrega el trabajo a Tu Boleta. Además de eso lo llama enrolamiento, por no llamarlo carné de libertad vigilada. Son 12.000 pesitos por documento y ahora entraremos al estadio con cédula, abono y papel de Tu Boleta. “Tranquilo, -me dice el dependiente- después le entregamos el carné, por ahora puede entrar con la contraseña, lo importante es que pagó”. Pasados ocho años están empeñados en cobrar la ley, el decreto y el protocolo. Y lo lograrán, y lograrán además convertir las tribunas populares en guetos más cerrados a los que pretendían combatir. 

martes, 30 de enero de 2018

Cuates y pillos





A mediados de los setenta algunos emprendedores colombianos en la costa norte convirtieron las anécdotas de unos hippies llegados desde Estados Unidos con los Cuerpos de Paz en una gran industria exportadora. La bonanza marimbera en Magdalena y La Guajira pasó por la revista Time y por la televisión nacional con las hazañas del Cacique Miranda. Los viejos aprendizajes del contrabando entregaron grandes ventajas logísticas. Las recuas que bajaban las pacas de hierba desde las estribaciones de La Sierra Nevada hasta los puertos improvisados en el Parque Tayrona llegaron a sumar 150 mulas. Los cachacos no se demoraron en aparecer y el negocio hacía que las cifras de exportación de café y banano fueran risibles. Colombia había desplazado a los narcos mexicanos inaugurando la ruta caribe y la Santa Marta Golden y la Colombian Gold eran el nuevo deleite de los gringos. Humo blanco y puro de La Sierra.
Ese salto que en los setenta parecía inofensivo y folklórico permitió que Colombia se convirtiera en el principal actor del narcotráfico mundial hasta mediados de los años noventa. De los marimberos que celebraban en el Cesar con López Michelsen a los carteles que financiaron la campaña de Samper hasta los Extraditables que por poco doblegan al Estado. Una historia larga y tortuosa. Con la caída de los grandes capos y el cierre de la vía caribe para el envío de coca y demás, Colombia se ha ido a convirtiendo en un simple proveedor de cocaína y pasta base. Ahora el salto es de patrones a lavaperros, de capos a cocineros. Los narcos mexicanos tomaron el control del negocio hace dos décadas y han comenzado a buscar acuerdos que cada vez parecen más desiguales. Sus proveedores han pasado a ser más pequeños y más vulnerables. Ahora los mexicanos pueden elegir a gusto sus contactos con algo de apoyo a pequeñas bandas: crecer narcos emergentes y doblegar a quienes se las tiran de meros machos. En el Bajo Cauca se habla de venta de franquicias a los mexicanos para soportar la presión hegemónica del Clan del Golfo. A mediano plazo los capos mexicanos podrán reconfigurar nuestros poderes ilegales con más facilidad que ejército o policía.
Guatemala, Honduras y El Salvador han vivido ese “desembarco” y la conexión entre las maras y los narcos. Las pandillas prestan servicios de sicariato y a cambio reciben armas y droga para sus negocios de tráfico local. Según un artículo de la revista mexicana Proceso la captura de Sebastián hizo que los narcos del norte perdieran el flujo necesario de coca y buscaran consolidar nuevos proveedores en Antioquia. Durante la captura de Sebastián la policía encontró 56 fusiles, 9 subametralladoras y 13 pistolas con una pequeña contramarca. La mayoría pertenecían a un lote que las autoridades de Estados Unidos filtraron a narcos mexicanos en la operación Rápido y Furioso con la idea de rastrearlos. El juego no funcionó muy bien y al parecer muchas de las armas terminaron fortaleciendo bandas y combos en Colombia. En los últimos dos años 148 mexicanos han sido capturados en el país por delitos relacionados con narcotráfico. En Tumaco, en Catatumbo, en Córdoba suenan los Zetas y Sinaloa, para algunos como alarde y para otros como certeza. Según la prensa ecuatoriana el carrobomba del fin de semana pasado contra un comando de policía en Esmeraldas tiene como protagonista a alias Guacho, ecuatoriano disidente de las Farc, aliado con narcos mexicanos.
Desde el norte han llegado a imponer “orden” a nuestros narcos modestos que se anotan en compañía para los grandes embarques. México tuvo el año pasado una cifra récord de homicidios, Colombia tiene todavía una tasa de homicidios por cien mil habitantes mayor a la de los mexicanos. Ojalá no se unan las peores prácticas de nuestros pillos y los delincuates.





miércoles, 24 de enero de 2018

Guerras íntimas







El escenario más brutal puede terminar entregando pistas sobre la violencia más silenciosa y más íntima. Las agresiones sexuales en medio del conflicto en Colombia delatan grandes perversidades sociales, terribles carencias familiares y, por supuesto, revelan un Estado indolente cuando no corrompido. Muchas veces el conflicto solo imponía a los victimarios, entregaba el poder a un determinado grupo de camuflados, mientras se repetían las prácticas de abuso cotidianas en tiempos tranquilos o agitados. El Informe Nacional de Violencia Sexual en el Conflicto Armado, publicado en noviembre del año anterior por el Centro Nacional de Memoria Histórica, hace un duro repaso de violencias sin ideología, de castigos primitivos, de lógicas corrientes en ciudades y pequeños municipios. Mercedes, una líder de Buenaventura, lo explica con resignada sencillez: “Eso no lo vamos a solucionar porque es que las violencias sexuales no llegaron con el conflicto, y qué pena, las violencias sexuales igual que las violencias físicas han estado allí del hombre a la mujer por su condición de ser mujer. Esa es mi inquietud. No hay que esperar a que se acabe el conflicto, esto es de siglos y siglos atrás, mientras a la mujer no se le respete no va a cambiar nada (…) por eso hay que sacar la violencia sexual y visibilizarla, ponerla en la mirada institucional, sacarla de lo privado y ponerla en lo público, esto es un problema de educación”.
Muchos de los testimonios de las mujeres hablan de abusos sucesivos: primero en la casa, luego en el primer círculo social (el colegio, el barrio) y por último con la llegada de los distintos poderes armados. Cifras de Medicina Legal muestran que todo comienza de puertas para adentro. El informe de 2015 reseña 21.115 exámenes practicados en todo el país por posibles delitos sexuales. En el 88% de los casos el agresor señalado es una persona cercana a la víctima: pareja, expareja, familiar, encargado de su cuidado, amigo. El Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín da cifras que confirman los riesgos domésticos. El año pasado los principales agresores sexuales en la ciudad fueron los padres, 146 casos, y los padrastros, 115 casos. Entre padres y padrastros están cerca del 20% de los abusos sexuales denunciados en la ciudad.
Además, la denuncia sigue siendo una hazaña. Muchas veces la familia decide no creer para tapar viejos encontrones, la comunidad no oye nada por temores varios, las autoridades cuestionan y dificultan, y los victimarios encaran y amenazan. Entre todos se justifican y se le dan visos de normalidad a las pesadillas individuales. Lorena, una adolescente violada en 2014 en Nariño por un militar retirado: “Me cambió la vida, porque si el pueblo se diera cuenta o pensara en un momento que yo no digo mentiras sino él, todo sería diferente. Pero optaran por sacarlo, pero el pueblo se unió a esa persona”. Y cando las mujeres se rebelan no pasa nada muy distinto. La hermana de Narly, una niña de 7 años violada en 2008 en Buenaventura por un paramilitar, decidió denunciar y enfrentarse a todo el mundo: “Fuimos, pusimos la demanda, nos mandaron a la Policía de infancia y adolescencia, nos dijeron que fuéramos a Medicina Legal porque ahí ellos no atendían, que al otro día volviéramos. Fuimos a Medicina Legal: no había funcionarios, y entonces aprovechamos y fuimos por urgencias al hospital, el médico empezó a regañarla que ella por qué no había dicho, que nosotras éramos culpables: ‘Pero, ¿usted por qué no dijo?, pero usted está muy tranquila. No mija a usted le estaba como gustando la cosa, diga que sí es su novio’ (…) y por la televisión dicen ‘denuncie’, por la radio dicen ‘denuncie’, la policía dice ‘denuncie’, todo el mundo dice ‘denuncie’, pero cuando una logra denunciar todos como que se confabulan y no hacen justicia”.
La avalancha de testimonios en el mundo ha demostrado que lo que creíamos anomalía es una conducta frecuente. Que el abuso se puede está muy lejos y muy cerca. Lo cuentan las medallistas olímpicas, las estrellas de Hollywood, las promesas del pop, las putas curtidas de nuestros pueblos, las niñas que caminan al colegio y las menos pensadas.






martes, 16 de enero de 2018

Morir de joven





Medellín comenzó el 2018 con grandes titulares sobre fondo rojo en los diarios populares. Los cadáveres aparecen en maletas, quebradas, esquinas, hoteles. En solo 28 horas se presentaron 12 homicidios en el comienzo de esta semana. Para hacerse una idea de la magnitud de esa cifra vale decir que durante todo enero de 2017 se reportaron 32 asesinatos. Mientras se buscan las causas de los dos años consecutivos con aumento de los homicidios en Medellín, luego de seis años en línea con cifras a la baja, Medicina Legal ha tenido un trabajo duro en las primeras dos semanas de enero. “Reacomodo de estructuras criminales luego de la captura de Tom”, “Problemas de convivencia en algunas comunas”, “Enfrentamientos por rentas ilegales”, las razones se repiten y las preguntas quedan. Desde hace años nos acostumbramos a que los cambios en las cifras de homicidios año a año varíen según el clima de confianza y cordialidad entre sectores ilegales, y no tanto según las iniciativas del gobierno local.
Cerca de la mitad de los homicidios que se cometen en la ciudad dejan como víctimas a jóvenes entre los 14 y los 24 años. La “mano de obra” de la delincuencia se concentra en ese rango de edad. Los pillos con recorrido juegan a ser, al mismo tiempo, primeros empleadores, padrinos, prefectos de disciplina criminal y verdugos. La secretaría de la juventud habla de 60.000 pelados en riesgo. Medellín ha bajado su tasa de homicidios desde los 381 casos por 100.000 habitantes en el peor año de los noventa, hasta 22 por 100.000 habitantes según los cálculos al terminar 2017. La reducción habla sin duda de una ciudad distinta. Pero los más jóvenes en los barrios más complicados todavía enfrentan riesgos parecidos a los del tiempo del No futuro de Rodrigo D. La Corporación Casa de las Estrategias realizó hace tres años un estudio para establecer la tasa de homicidios entre los jóvenes en comunas y corregimientos con mayor criminalidad. Los resultados muestran que para muchos jóvenes todavía es difícil huir de la lotería de ajustes de cuentas y reclutamiento que imponen los combos. En San Javier la tasa de homicidios para los jóvenes era de 122 / 100.000 habitantes, en San Cristóbal 108, en Castilla 102, en Altavista 75. Una mirada a las cifras del año pasado mostraría tendencias muy similares en las comunas con más homicidios, casi las mismas que las reseñadas en 2014.
El gobernador Luis Pérez habla de la necesidad de sacar los militares a la calle y el alcalde anuncia dos mil nuevas cámaras de seguridad. Pero el arraigo ilegal en buena parte de la ciudad todavía hace ver al Estado impotente, repetitivo, torpe. La captura de 120 muñecos de año viejo en diciembre pasado es una buena caricatura sobre las prioridades y las posibilidades de la fuerza pública. A pesar de que Federico Gutiérrez sale con megáfono para llevar de nuevo a las clases a niños y jóvenes que dejan el colegio las cifras no ceden. La tasa de cobertura en educación secundaria cayó entre 2014 y 2016 según cifras del programa Medellín cómo vamos. Hay algo más de 9.000 jóvenes entre 15 y 16 años por fuera del sistema educativo y la tasa de deserción en educación secundaria es cercana al 5%. El salto de los 15 a los 16 años marca el gran momento para cambiar el salón por la esquina. A los 15 los matriculados son el 95% y a los 16 ya son apenas el 77%. Los profesores son tal vez el seguro más efectivo para evitar ese tránsito. La pelea es dura contra quienes ofrecen un celular, una moto o el estatus que da un fierro a cambio de matrícula condicional en una banda. Valdría la pena poner un poco más del 0.05% de los recursos de inversión municipales en su capacitación. Toca pensar menos en las cámaras de seguridad y en el estigma que dejan las series de narcos y dar peleas más complejas y más inteligentes.




miércoles, 10 de enero de 2018

Humo blanco





Hace un poco más de treinta años, siendo fiscal en Alabama, soltó una frase para divertir a sus amigos de banca en la iglesia y a sus leales en la oficina: “El Ku Klux Klan me parecía bien, hasta que supe que fumaban marihuana”. Jeff Sessions, el actual fiscal general de Estados Unidos, buscaba además burlarse de quienes lo acusaban de racismo por sus intentos de revertir el derecho al voto para los afroamericanos. En su momento el chiste le costó un veto del senado para ser juez federal, pero tuvo revancha y en febrero del año pasado el senado lo confirmó en su cargo con una votación de 52 contra 47. Es posible que Sessions haya cambiado en algo su posición frente a los negros, o que al menos haya entendido que esas gracias deben soltarse en un espacio más reservado. Lo que es claro es que su obsesión contra la marihuana sigue intacta.
Sessions dijo hace unos meses que la hierba es solo un “poco menos horrible que la heroína”. Sus prejuicios van en contra del creciente apoyo de los norteamericanos a la legalización. La más reciente encuesta de Gallup sobre el tema mostró que el 64% apoya la medida. Incluso la mayoría de los votantes republicanos creen que lo mejor sería la venta legal y regulada de marihuana. Hace solo quince años quienes se oponían eran mayoría dos a uno frente a quienes apoyaban la legalización. Sessions es una especie de rezago de los tiempos de Nixon viviendo, y mandando, en el mismo año en que California (además de otros siete estados y Washington D.C.) ha comenzado a vender legalmente marihuana con fines recreativos a un inmenso mercado que llevaba veinte años comprando bajo el manto medicinal. En 2015, como senador por Alabama, Sessions dijo en medio de un debate que “la gente buena no fuma marihuana”. Y parece dispuesto a trazar una línea entre buenos y malos siguiendo el humo y las semillas, aunque parece que es demasiado tarde.
La semana pasada, Sessions revocó una serie de memorandos firmados por el exfiscal general Eric Holder, durante el mandato presidencial de Obama, que instruían a los fiscales federales a no iniciar causas criminales por la siembra o venta de marihuana en estados que habían decidido su legalización con fines medicinales o recreativos. En Estados Unidos la ley federal todavía considera ilegal la marihuana, en contravía de las decisiones que han tomado veintinueve estados sobre usos recreativos o medicinales. Para Sessions las anteriores directrices socavan el Estado de derecho y la capacidad de hacer cumplir las leyes. Por tanto les abrió la puerta a los fiscales para que vayan tras quienes hasta hace poco creían actuar bajo una nueva legalidad. La decisión es más una amenaza que una realidad. Un pequeño chantaje, una sombra para que los nuevos empresarios del moño sepan que alguien los mira. Y se sabe, tanto entre sus perseguidores como entre sus consumidores, que la marihuana y la paranoia la van bien.
Pero así Sessions viva en los años sesenta y Trump en los ochenta las cosas no están fáciles. Ya los senadores de Colorado, California, Nevada, Oregon y otros han comenzado a hablar de un regreso al mercado negro. El presidente había prometido respetar las decisiones de los estados sobre la marihuana. Y un nuevo lobby verde comienza a hacer presión. Aunque parezca increíble la defensa creciente de la legalización es uno de los temas que hasta ahora logra mayor consenso bipartidista contra Trump. Han topado con los nuevos ricos de la industria cannabica, con los impuestos de los políticos locales, con la mayoría de los votantes y con el celo de los estados sobre sus competencias. Parece que deberán aguantarse el humo.