Matar a Jesús

Una ciudad habitada por múltiples venganzas. Una ciudad desconfiada e indolente, donde los muertos son solo un asunto privado, una tragedia íntima, una fatalidad de la que debe encargarse cada familia por separado. No hay tiempo ni energía para las compasiones ajenas ni los duelos colectivos. “Guarden la fuerza para su propio dolor, ya les llegara su turno”, parece sugerir la lógica en ese valle.

En el Medellín de hace unas décadas, luminoso y siniestro, transcurre la película Matar a Jesús. El asesinato de su padre, de la directora y la protagonista, desata múltiples preguntas sobre la justicia y el desquite, sobre el castigo que merece el asesino y la forma de resistirse a la violencia, de contener las ganas de matar y comer del muerto. Paula, la protagonista, ha reconocido al sicario que mató a su padre y comienza una persecución que es a su vez un proceso de seducción y conocimiento. Por una vez, la ingenuidad de la joven universitaria parece tener un poder sobre el sicario curtido, ella puede mirar al verdugo, puede planear su muerte y arrepentirse, puede seguir las pistas que entrega Jesús, caminar por esos pasadizos de barrio, por esas ollas y esos miradores hasta dónde él la lleva y le muestra su vida y obra. Ella lo retrata, le dispara con su cámara mientras él intenta cubrirse. En el cuarto oscuro, los ácidos revelan por igual las fotos de la víctima y el victimario, las fotos del padre de Paula y de su asesino aparecen sin remilgos, tardan el mismo tiempo, dibujan los perfiles sin marcar al culpable y al inocente. Jesús ha comenzado a ser un joven común de 24 años, un matón inspirado por un odio abstracto, un odio que vende sin remordimientos. En un momento, cuando intenta enseñarle a Paula a disparar su fierro, le dice con una fiereza instintiva, “eso tiene que ser con odio, tiene que disparar con odio o sino no se muere ese pirobo”. Pero ahora es un poco más que un matón en moto, ha adquirido algunas señales particulares.

Dos jóvenes de 24 años, de orillas distintas en la ciudad, comienzan a compartir las mismas rutas sobre un abismo distinto. Los dos sienten que pueden entregar la vida, que hay razones suficientes para un cansancio prematuro, que los riesgos se justifican. El amor está prohibido entre esa pareja, todo es un juego de tanteos, un intento por descifrar a esa especie de adversario con el que ha tocado compartir. Es inevitable una cierta conmoción cuando el verdugo comienza a cuidar a su víctima, cuando Jesús busca una venganza -es de lo poco que tiene para demostrar- al enterarse de que unos ladrones baratos le robaron y le pegaron a Paula por andar en cruces que no son los suyos.

Buscando los actores naturales de su película, Laura Mora, directora de Matar a Jesús, se dio cuenta de que la ciudad tenía regados los personajes de su drama personal y familiar. Esa búsqueda sirvió como una especie de confirmación de que su dolor iba a ser compartido por miles de personas, de que su sentimiento de vacío y de rabia tiene interpretes agazapados en cada esquina de la ciudad. Más de una década después Medellín sigue entregando actores naturales para las tragedias que han repetido muchas de nuestras películas. Hay material, dirían los más insolentes.

A los críticos de las películas que se encargan una y otra vez de la violencia local habría que decirles como Susan Sontang en su libro Ante el dolor de los demás, que la mirada del artista debe ser, literalmente, despiadada, y la imagen debe consternar. Eso nos pasa con la ciudad mirada desde arriba en Matar a Jesús, la vista sobre una ciudad indefensa y feroz.

Caprichos constituyentes

La Constitución de 1991 tuvo génesis diversas y saludables para el nivel promedio de nuestra política. Primero el acuerdo de paz con el M-19 que dejaba nuevas circunstancias en medio de un escenario marcado más por las esperanzas comunes que por la discordia y la desconfianza. Segundo un bloqueo institucional dado por una constitución que había envejecido mal luego de más de un siglo de trajines y desencantos. Y por último, un espontáneo entusiasmo ciudadano, sin un poder que lo guiara desde arriba en su convocatoria y lo manipulara desde abajo en sus sesiones. Su conformación plural como nunca en la historia de nuestros cuerpos colegiados y sus discusiones lejanas a las garroteras fueron la prueba del clima benéfico del momento.

Hoy en día el ambiente es algo distinto. Tenemos un Estado más fuerte, unos indicadores de violencia bastante menores a los de entonces, unas indiscutibles mejorías sociales y unas amenazas armadas que no encarnan el inmenso poder de los carteles mafiosos de la época. Y sin embargo vivimos un clima de crispación política, de frustraciones ciudadanas, de sectarismos y miedos que han convertido el ejercicio electoral en un juego agresivo y riesgoso. El desarme de las FARC dejó grandes divisiones en la sociedad que alguna vez rechazó sus acciones de forma casi unánime. Las diferencias sobre los métodos posibles para acabar un conflicto anacrónico e inútil fueron suficientes para desatar un peligroso combate político. Por hoy se le presta igual atención a las rechiflas y los saboteos de plaza pública que a la voz de los candidatos.

En medio de esa campaña sorprende que dos candidatos presidenciales que fueron protagonistas de la Constitución del 91 propongan una constituyente para reformarla. Gustavo Petro dice que el primer día de gobierno convocará un plebiscito para preguntarle al pueblo si quiere convocar a una Asamblea Constituyente. Sabe de nuestro fetichismo legal y del entusiasmo que genera un cambio de reglas entre quienes están aburridos en el juego. Petro sufre lo que se podría llamar el síndrome del legislador. Y dice además que su constituyente sería limitada. Solo quiere cambiar la educación, la salud, la justicia, el sistema pensional, la política y el sistema productivo. Hasta el clima quiere cambiar para salvar el mundo del calentamiento global, pero al menos promete dejar intacto el IDEAM. Las garantías constitucionales funcionaron contra las arbitrariedades que intentaron sacarlo de la alcaldía de Bogotá, pero hoy insiste en los cambios. Es llamativo que un antiguo militante del M-19 desprecie de algún modo el pacto social del 91, y más llamativo que en medio de sus llamados a crear una nueva constitución invoque sobre todo el fracaso del Frente Nacional. Petro se salta un periodo de la historia en el que participó activamente. Su idea entonces es meternos en una elección inmediata si gana, un nuevo pulso de Sí o No, luego en una nueva elección de constituyentes y al final en una larga deliberación sobre las nuevas reglas de juego. Será un gobierno electoral y legislativo de cuatro años, en caso de que no se decida algo sobre los periodos presidenciales.

Humberto de la Calle también sorprende con un llamado a una constituyente. Quiere repetir su ejercicio 27 años después. Corregir lo que quedó incompleto o mal redactado. Sus ambiciones son menores, dice que solo quiere reformar la justicia. Coincide con Petro en que el Congreso es incapaz de reformas efectivas, para ellos fallan los hombres elegidos en el Congreso pero los más votados en la constituyente serán visionarios y virtuosos.

De otro lado también Piedad Córdoba e Iván Duque proponen acudir a una Asamblea Constituyente. Entre nosotros la posibilidad de un cambio en las letras más pomposas puede alinear a los contradictores acérrimos. Les aseguro que si se impone la idea no lograremos un justo medio ni una mejor letra. 

Crimen uniforme

Medellín es una plaza interesante para ejercer. Con algunos límites borrosos, con oportunidades y silencios en cada esquina, con rondas conjuntas entre uniformados y civiles, y buenas costumbres para convivir. Algunos policías pagan por venir a trabajar a la ciudad. Las rentas criminales son amplias y siempre es posible conseguir un ajuste al salario por trabajos esporádicos como independiente. Por algo las patrullas voltean por donde toca, vigilan por donde no duele y tranzan por donde conviene. Raspar la olla y cuidar la plaza son parte de las funciones de cada día en la ciudad. Y los grandes golpes muchas veces se dan luego de un cambio de compinche. Desde el aire el helicóptero policial apunta su luz contra las calles con algo de cinismo, levantando polvo y soltando advertencias.

Pero no son solo los policías. El ejemplo viene desde arriba. Todavía no se olvidan las hazañas de Guillermo León Valencia Cossio al frente de la dirección de fiscalías de Medellín. Era un trabajo sencillo, solo necesitaba un borrador y una amplia gaveta. Tapó las vueltas de El Indio y guardó las carpetas de Chupeta. Simples descuidos entre tanto papeleo que le dejaron condenas en la Corte Suprema.

Ahora aparece la condena contra Gustavo Villegas. El año pasado al momento de la captura la Fiscalía habló de “acuerdos siniestros” con un sector de La Oficina. En ocasiones el helicóptero no logra los resultados esperados y las patrullas se ocupan de vueltas menores y toca llamar a los que son. Eso hacía Villegas. Le marcaba a Julio Perdomo, hombre de confianza de Don Berna, desmovilizado del Cacique Nutibara en 2003 y convertido en líder cívico de la Comuna 8 como por arte de mafia. Siete años después de su desmovilización ya estaba pagando cárcel por concierto para delinquir, desplazamiento forzado, extorsión y constreñimiento ilegal. Salió pronto y se convirtió en el “policía malo” del exsecretario de seguridad. Tal vez la falta de confianza en la policía lo obligaba a recurrir a Perdomo, un viejo conocido con el alias de El Viejo. Perdomo le ayudaba a Villegas a resolver pronto los afanes del alcalde por capturar fleteros, encontrar carros, tranquilizar cuadras. Era una vía expedita.

A finales de noviembre del año pasado fue capturado en Medellín el Mayor Héctor Fabio Murillo, jefe del Modelo Nacional de Cuadrantes de la policía. Según la fiscalía el Mayor era una especie de guardaespaldas de alias Inglaterra, uno de los duros del Clan del Golfo abatido hace tres meses en Chinácota. Murillo, en su tiempo libre, le abrió el camino en su último desplazamiento hasta Norte de Santander. Levantando retenes y abriendo trocha. Era además quien le conseguía las armas y aleccionaba a los policías que se ponían estrictos con sus cruces.

La más reciente historia es la de Lindolfo. Quien era capo y miembro de la Red de Aliados para la Prosperidad de la Policía Nacional. Un ciudadano preocupado y al mismo tiempo un cobrador de La Oficina. Su papel en la farándula lo hacía adicto a las cámaras de todo tipo. Tenía radio para contacto directo con la policía y acceso a sus cámaras de seguridad. Ordenaba un asesinato y luego revisaba los videos de la policía para comprobar que no hubiera mucho mugre.

Por aquí se habla de fronteras invisibles en los barrios, de territorios copados por bandas que no pueden cruzar los ciudadanos sin autorización. Cada día se trazan y crecen otras fronteras invisibles, puntos de contacto imperceptibles, barreras porosas entre los pillos y los encargados de purgar sus vueltas.

Reseña de tribuna

El camino hasta las tribunas es tortuoso, marcado por los absurdos y los recovecos. Son tres anillos de seguridad casi imposibles de franquear. El primero impuesto por una ley de 2009 que se encargó, sobre todo, de crear unas comisiones de “seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol”. Algo así como filar diversas entidades para que se encarguen de filar a los aficionados alrededor de los estadios. Las palabras comodidad y convivencia hacen parte, por supuesto, de un simple tic parlamentario, todas las leyes deben incluirlas en algún renglón. La ley la firman Uribe como presidente, Santos como ministro de defensa y Hernán Andrade como presidente del Congreso. Una terna arbitral que no da garantías. Entre los tres no completan 90 minutos de fútbol colombiano en la tribuna, y jamás han pasado una requisa. Pero la ley no se podía quedar solo en una lista de comisiones, de modo que suelta dos únicas disposiciones de fondo para erradicar la violencia en los estadios: control de alcoholemia y uso de estupefacientes en los alrededores y orientación en valores y principios para los integrantes de las barras. Buena combinación: firmes y tiernos.

De la ley pasamos al segundo anillo. Un decreto de mediados de 2010 firmado por Fabio Valencia Cossio como cuarto árbitro. Y uno comienza a intuir que el partido terminará mal. El decreto convierte poco a poco a los estadios en cárceles, a la Dimayor en el Inpec y al partido del domingo en una sufrida visita conyugal. Es un decreto corto, con apenas cinco artículos, pero tiene como anexo un tercer anillo de seguridad que es la mejor muestra de la histeria regulatoria, el desconocimiento del fútbol local como espectáculo y la arrogancia del portero recién colocado. Protocolo llama el decreto al largo anexo de 120 páginas de reglas para organizar de la mejor manera un disturbio. Es normal que los decretos malinterpreten una ley que malinterpretó la realidad, pero aquí de verdad se lucieron. Por ejemplo, se dice que las tribunas populares deben tener una malla de 25 metros de altura que las separe de la cancha. En algún momento se debió caer la propuesta de ‘Pacho’ Santos para que la malla fuera electrificada. Bueno contarles que en Medellín, por ejemplo, desde 2011 no hay mallas que separen las tribunas entre sí ni las tribunas de la cancha. Y se logró trabajando con las barras, con control interno de hinchas, integrando y no encerrando. Dice además que menores de 14 años no pueden entrar a tribunas populares. Lo que condenaría a muchos niños a conocer el estadio pasado octavo o noveno grado. Una estupidez que habría acabado con buena parte de la infancia de millones de colombianos. Les cuento que mi hija fue a la tribuna popular por primera vez a los seis años y no la mordió el lobo. Pide también enlace con base de datos de la policía en las entradas y circuito cerrado de vigilancia en los estadios, y reseña la obligatoriedad de entregar número de cédula, teléfono y dirección al comprar la boleta. Todo tiene plazo de implementación a Julio de 2012. Y todo, infinitas gracias a la decidia ambiente, se quedó en protocolo y discurso frente a madres asustadas.

Solo una mínima porción de lo escrito se está comenzando a cumplir. No las obligaciones adquiridas por el Estado. Solo una obligación delegada a Dimayor, y aquí el decreto y su protocolo ya no se malinterpretan sino que se tuercen. Llega el negocio. Un artículo dice que la Dimayor, por su conocimiento y control, deberá promover un sistema de registro de los miembros de las barras. La Dimayor no piensa en los abonos como medio idóneo donde está la información de la gran mayoría de los barristas sino que amplía el registro a todo el que quiera ir a fútbol y le entrega el trabajo a Tu Boleta. Además de eso lo llama enrolamiento, por no llamarlo carné de libertad vigilada. Son 12.000 pesitos por documento y ahora entraremos al estadio con cédula, abono y papel de Tu Boleta. “Tranquilo, -me dice el dependiente- después le entregamos el carné, por ahora puede entrar con la contraseña, lo importante es que pagó”. Pasados ocho años están empeñados en cobrar la ley, el decreto y el protocolo. Y lo lograrán, y lograrán además convertir las tribunas populares en guetos más cerrados a los que pretendían combatir.